La libertad de expresión en Argentina está, indirectamente, en las manos de Guillermo Moreno, un operario público, como mínimo, polémico que formula y ejecuta políticas kirchneristas con un arma al alcance de la mano, literalmente.
La Casa Rosada delegó todos los poderes sobre producción nacional e importación de papel de prensa a la Secretaría de Comercio Interior, de Moreno. La medida es parte de la reglamentación de la ley propuesta por el Ejecutivo que declara de interés público la fabricación y comercialización de papel para periódicos, aprobada hace menos de un mes.
El apetito del gobierno argentino para controlar la producción y la importación de papel de periódico es totalmente coherente con su intención de intentar “domesticar” a la prensa profesional independiente, mientras beneficia a los medios favorables a la Casa Rosada y amplía la red de comunicación estatal, portadora de un único mensaje, el oficial.
Los gobiernos K han estado en disputa constante con los medios de comunicación que celan por la misión clásica de fiscalizar el trabajo de las autoridades en nombre de los electores que los escogieron y de los contribuyentes que los pagan.
Esa disputa tiene dos frentes principales: el Grupo Clarín – que el gobierno se empeña en enflaquecer – y Papel Prensa, productora del 58% del papel de periódico consumido en el país, proveedora de 170 vehículos y perteneciente a “Clarín” (49%), a “La” Nación (22%) y al propio Estado argentino (27,5%).
La ley aprobada impone cuotas de importación, algo que remite al primer gobierno de Perón (1946-52). A partir de ahora, sólo podrán ser importadas 20 mil toneladas trimestrales de papel-periódico, y la producción nacional tendrá que ser igual o superior a 42,5 mil toneladas trimestrales. El no cumplimiento de las cantidades mencionadas puede generar la aplicación de multas de hasta el equivalente a US$75 millones.
Multas de este valor pueden obviamente imposibilitar a Papel Prensa. Eventuales sanciones a la empresa por el incumplimiento de las determinaciones quedan a criterio de la Secretaría de Comercio Interior – léase Moreno.
Es lamentable que Argentina se una a otros países sudamericanos – Venezuela, Ecuador y Bolivia – , los llamados bolivarianos y chavistas, en esa ofensiva contra la libertad de opinión y de expresión, uno de los pilares centrales de la democracia. La región sufrió años de plomo con dictaduras militares y tiene hoy, en aquellos países, una infeliz recaída en el autoritarismo de aquellos tiempos, esta vez por la vía del populismo.
Vale destacar que Brasil, en ese aspecto, avanza en el rumbo correcto del fortalecimiento de las instituciones democráticas, celando por el derecho constitucional a la libertad de expresión.

Iniciativas aquí y allí para incluir al país en el grupo mencionado, por medio del llamado “control social de la prensa” – que es nada más que una forma de censura -, han sido contenidas por el consenso político-institucional brasileño.
La presidente Dilma Rousseff dio el tono cuando dijo preferir “la confusión a veces dolorida de la prensa libre al silencio de las dictaduras”. Que así sea.

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