Cristina ataca la libertad de expresión

Posted by fernandomb on Martes, diciembre 20, 2011 · Comentarios

La presidente de Argentina, Cristina Kirchner, inicia su segundo mandato acelerando la adopción de medidas restrictivas a la libertad de expresión, lo que empaña las credenciales democráticas del país, de resto ya bastante dañadas en los dos mandatos anteriores de la

pareja K. Con la amplia victoria electoral obtenida en octubre, que dio a los kirchneristas la mayoría en las dos Casas del Congreso, el gobierno se apresuró en someter a la Cámara el polémico proyecto que declara de interés público la producción y distribución de papel de periódico, abriendo camino para mayor intervención estatal en este que es un insumo vital para la prensa. Cristina había intentado aprobar un proyecto similar en 2009 y 2010, pero no contaba entonces con el número necesario de votos.

No hay sorpresa, por lo tanto. Los gobiernos K tienen tendencias de caudillo y puntos de contacto con el modelo creado por Hugo Chávez en Venezuela, con un Ejecutivo cada vez más fuerte, en detrimento de los demás poderes. La prensa profesional e independiente es considerada una peligrosa enemiga tanto en Venezuela como en Argentina, pues “osa” pautar su comportamiento por el interés público y no por el de los gobernantes. Para sanar este “defecto”, el Estado avanza sobre los medios de comunicación privados y crea una red de medios – periódicos, emisoras de radio y canales de TV – que se hace portavoz de la “verdad” oficial.

En Argentina, la pelea se da en torno a la empresa Papel Prensa, que pertenece mayoritariamente a los grupos de comunicación “Clarín” y “La Nación”, teniendo al Estado argentino como accionista minoritario. Ella suministra 74% del papel consumido por la prensa argentina y se vende a 440 diarios. El proyecto aprobado en la Cámara, a ser sometido al Senado esta semana, da al Estado el poder de determinar cuánto deben invertir las productoras de papel y a qué precio vender sus productos. Determina también que Papel Prensa debe aprovisionar a todo el mercado argentino, y que el Estado hará la inversión necesaria para eso si los accionistas privados no lo hacen.

Aquí se abre la puerta para que el Estado aumente su participación en detrimento de los accionistas privados, que ya sufren intensa presión del gobierno – por ejemplo, vía restricción de la propaganda oficial – debido a su carácter profesional y, por lo tanto, crítico e independiente. Para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el proyecto de la Casa Rosada “hiere principios fundamentales de la libertad de prensa establecidos en la Declaración de Chapultepec, en tratados firmados por el país y en el artículo 32 de la propia Constitución argentina”.

Otro de los primeros actos de Cristina Kirchner fue retomar la presión sobre el Poder Judicial para que sean revocadas las liminares que suspendieron la aplicación del artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales. Ella obliga al grupo Clarín a vender buena parte de sus canales de TV y emisoras de radio. La justificación es aumentar el pluralismo en la oferta de informaciones al público – discurso también usado en Brasil. Pero lo que realmente está detrás es el deseo de enflaquecer económicamente a las empresas de comunicación, haciéndolas más dependientes de la publicidad oficial; por lo tanto, más “dóciles”.