La presión indígena hace desistir a Odebrecht de una hidroeléctrica en Perú
La presión de comunidades indígenas llevó a la constructora brasileña Odebrecht a desistir de la construcción de una fábrica hidroeléctrica en la Amazona peruana. La obra inundaría un área de cerca de 73 mil hectáreas de bosques, además de provocar el desplazamiento de 14 mil personas, según datos suministrados por los nativos a la prensa local.
El caso se junta a otros conflictos envolviendo grandes obras de contratistas brasileñas y comunidades en América Latina. Recientemente, después de meses de enfrentamiento con grupos nativos, el presidente de Bolivia, Evo Morales, canceló el tramo de una carretera financiada por Brasil que cortaría un territorio indígena en el centro del país. La obra, a cargo de la brasileña OAS, tiene una financiación de US$ 332 millones del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social). En Nicaragua, una hidroeléctrica avanzada por la constructora Queiroz Galvão fue blanco de la ira de campesinos a causa del valor de indemnizaciones. En 2010, 400 productores invadieron las oficinas del proyecto en señal de protesta.
El director de Odebrecht en Perú, Erlon Arfelli, comunicó la desistencia en una carta al Ministerio de Minas y Energía en el final de octubre, atribuyendo el hecho a la “posición de las comunidades nativas”. “Frente a ese escenario, y siendo respetuosos con la opinión de la población local, decidimos no continuar con los estudios complementarios sobre la Central Hidroeléctrica Tam40″, dijo.
Odebrecht había recibido en noviembre de 2010 una concesión temporal del gobierno peruano para realizar “estudios de factibilidad” acerca de la fábrica, localizada en la región de Junín, a 300 km a nordeste de Lima. La obra forma parte de un acuerdo firmado por los ex-presidentes Luiz Inácio Lula de Silva y Alan García el año pasado y que prevé la construcción de seis centrales eléctricas en ríos peruanos con potencial para generar 6.000 MW. Además de ser blanco de ambientalistas a causa de los posibles daños ambientales, el pacto ha sufrido críticas en Perú por supuestamente ser más ventajoso a Brasil – que sería destino de la mayor parte de la energía generada en las fábricas, además de exportar servicios e insumos de sus contratistas al país vecino, con financiaciones del BNDES. El acuerdo aún necesita ser ratificado por el Congreso peruano.
En una reciente entrevista al periódico peruano “La República”, Ruth Buendía Mestoquiari, presidente de la Asociación de Comunidades Ashaninkas del Río Ene (Care), se mostró preocupada con los trastornos “irreparables” que los desplazamientos causarían. “Nosotros tenemos títulos de propiedad, tenemos ranchos, terrenos, donde nos desarrollamos culturalmente. Es lo mismo que te saquen de tu casa en Lima”, dijo ella.
En medio de la resistencia de los indígenas y la repercusión negativa en la prensa local, representantes de la empresa estuvieron recientemente en la región reunidos con representantes de las comunidades, a invitación de los nativos. Después de oír in loco críticas al proyecto, la constructora arrojó la toalla y comunicó la desistencia.
En la carta enviada al gobierno, sin embargo, Arfelli dejó una puerta abierta. “Quedamos a su disposición, así como de otras autoridades y representantes de las comunidades nativas, para que, si manifiesten su interés en el desarrollo sostenible de ese proyecto, evaluemos la eventual continuidad de los estudios”.
Buscada por Valor, la empresa no quiso pronunciarse ni confirmó datos sobre el proyecto.
Valor Económico – Brasil
Autor: Fabio Murakawa | De São Paulo
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