Dilma quiere una Comisión de la Verdad pluralista
La presidente Dilma Rousseff debe sancionar en los próximos días el proyecto de ley que crea la Comisión de la Verdad. Pero el colegiado, que tendrá la misión de investigar los crímenes cometidos durante la dictadura, recién debe ser instalado en 2012. Aunque Dilma haya prohibido que integrantes del gobierno hablen públicamente sobre los candidatos a las siete vacantes, el gobierno ya diseñó el perfil que espera dar a la comisión.
La clave es la pluralidad. Dilma quiere garantizar la presencia de las más diversas tendencias políticas en el grupo a fin de asegurar que el informe final de la Comisión de la Verdad sea visto como fruto de un trabajo de Estado, y no sólo del actual gobierno. Por la ley aprobada por el Congreso, le corresponderá a la presidente escoger a los siete componentes de la comisión.
El texto elaborado por el Ejecutivo y después aprobado por diputados y senadores determina que la comisión sea “pluralista” y no tenga “carácter jurisdiccional o persecutorio”. Sin embargo, antes que la propuesta sea votada, llegó al Planalto la información de que alas más conservadoras de la oposición y militares querían garantías de que la Comisión de la Verdad no sería “revanchista”. Para asegurar la tramitación tranquila al proyecto, se previó entonces la participación de dos intelectuales – uno ligado a la oposición y otro de izquierda.
Deben ser nombrados también un jurista y un militante de derechos humanos sin conexión directa con los conflictos de la época de la dictadura, pero que tenga interlocución con los familiares de las víctimas del régimen militar. Otro perfil deseado es el de un conservador. Alas del gobierno también defienden la elección de un artista, iniciativa que podría aproximar a la comisión a la sociedad. La idea está inspirada en la homóloga Argentina, que contó con la participación de Ernesto Sábato.
En la lista de nombres considerados fuertes, hay tres ex-secretarios de Derechos Humanos, dos del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, Paulo Sérgio Pinheiro y José Gregori, y Nilmário Miranda, del gobierno de Luiz Inácio Lula de Silva. Otra cotizada es la abogada Rosa Maria Cardoso, que, entre otros presos políticos, defendió a Dilma durante la dictadura.
Por otro lado, fuentes del Ejecutivo afirman que no podrán ser escogidas personas o representantes de órganos que ya marcaron una posición en relación a la comisión. Puede sufrir resistencias, por ejemplo, la designación de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) por cuenta de la tentativa de la entidad de rever la Ley de la Amnistía. Religiosos que hayan criticado la comisión también pueden ser vetados, aunque en el gobierno haya simpatía por la presencia de alguien de la Iglesia.
Familiares de las víctimas de la dictadura y organizaciones de derechos humanos defienden los nombramientos del procurador de la República Marlon Weichert, responsable por acciones de responsabilidad de ex-agentes de la dictadura y Jair Krischke, especialista en la integración entre los gobiernos sudamericanos en la represión de militantes de izquierda. Sin embargo, integrantes del gobierno son contrarios al nombramiento de procuradores que hayan tomado parte en acciones relacionada al régimen militar.
La comisión tendrá un plazo de dos años. No podrá participar del colegiado quién ejerza un cargo ejecutivo de partidos políticos, no tenga “condiciones de actuar con imparcialidad” u ocupe un cargo en una comisión o función de confianza en el Estado.
El colegiado tendrá como objetivo “examinar y esclarecer las graves violaciones de derechos humanos”, como torturas, muertes, desapariciones y ocultamiento de cadáveres. La comisión tendrá aún que hacer públicos lugares, instituciones y circunstancias relacionados a las violaciones de derechos humanos y sus eventuales ramificaciones en el Estado y en la sociedad, así como ayudar en la identificación de cuerpos de desaparecidos
La comisión podrá convocar a testigos y requerir informaciones y documentos de órganos y entidades del poder público, aunque sigilosos. Tendrá también poderes para hacer diligencias para la recolección o la recuperación de documentos.
El texto establece que será “deber” de los funcionarios y de los militares colaborar con la comisión. Los integrantes del colegiado recibirán un salario de R$ 11.179,36.
Valor Económico – Brasil
Por Fernando Exman y Raymundo Costa | De Brasilia
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