Un camino para punir la dictadura

Posted by fernandomb on Jueves, noviembre 3, 2011 · Comentarios

Ministra de Derechos Humanos y titular del proyecto aprobado en el Senado aseguran que, a partir de la Comisión de la Verdad,

aquellos que cometieron excesos durante el régimen militar pueden enfrentar la Justicia

La acción de la policía durante la huelga de los estudiantes en Río, en 1964, fue uno de los marcos del inicio del período dictatorial

Durante décadas, los parientes de personas asesinadas en los sótanos de la dictadura militar alimentaron la esperanza de desvelar el destino de sus familiares. Con la creación de la Comisión de la Verdad por el Senado el miércoles 26, ellos ganaron, finalmente, la oportunidad de esclarecer lo que de hecho aconteció en los años de plomo. Sabrán en detalles cómo funcionaba la “máquina de matar” montada por la represión. Los siete integrantes de la Comisión tendrán poderes para levantar informaciones sobre muertes, torturas, desapariciones y tener acceso a documentos públicos y privados. Está prevista la convocatoria de militares, civiles y ex-guerrilleros. La Comisión, sin embargo, no tendrá poder jurisdiccional. O sea, no va a castigar a los responsables identificados en los relatos, a ejemplo de lo que ocurrió en Sudáfrica. Pero las Fuerzas Armadas están obligadas a abrir sus archivos, si es que aún existen. “Ese proyecto muestra el compromiso con la búsqueda de la verdad, particularmente en aquel período triste de la historia”, afirma el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo.

Aunque no se debata la importancia de la Comisión, hay críticas al plazo de sólo dos años para investigar el período dictatorial y al reducido equipo de siete ejecutivos. El hecho de que la Comisión no tenga poder punitivo también deja una traba de impunidad. La ministra de la Secretaría Especial de Derechos Humanos, Maria del Rosário, sin embargo, disiente de la evaluación pesimista. Para ella, las investigaciones del órgano pueden instruir posteriores acciones condenatorias. “La Comisión es sólo el inicio, abre el camino de la Justicia.

En Argentina, los resultados fueron llevados al Poder Judicial, que juzgó y condenó. En nuestro caso, también le cabrá a la familias pedir las condenas”, afirma ella. Esa también es la visión del relator del proyecto en Senado, el tucano Aloysio Nunes Ferreira (SP), ex-guerrillero de la Alianza Libertadora Nacional (ALN) y brazo derecho de Carlos Marighella. “No se admite en la democracia un tribunal de excepción. Esa función es del Poder Judicial. Las informaciones levantadas pueden hasta ser enviadas a la Justicia para los que se sientan alcanzados”, explica el senador.

DERECHO

Aloysio Nunes dice que las familias pueden pedir indemnizaciones

La investigación cubrirá crímenes cometidos de 1946 hasta 1988, año en que fue promulgada la actual Constitución. Pero el foco principal, sin duda, será el período de la dictadura, especialmente después de la edición del AI-5 el 13 de diciembre de 1968, cuando fue tomada la decisión de frenar a los militantes de la izquierda. La tortura, entonces, se hizo sistemática. Pero la amnistía de 1979, amplia, general e irrestricta, extendió el perdón judicial a los crímenes contra la vida. Por eso, será difícil asistir en Brasil a la punición en las bases de Argentina y de Chile, países que mandaron a los generales a prisión. El ejemplo más reciente ocurrió la semana pasada, cuando la Justicia argentina condenó a prisión perpetua al ex-militar Alfredo Astiz, torturador conocido como el “ángel rubio de la muerte”. En Uruguay, la Cámara de Diputados se encamina a ratificar el proyecto, aprobado por el Senado, que anula la prescripción e los crímenes de la dictadura militar. Chilenos, argentinos y uruguayos entienden que la tortura es un crimen contra la humanidad. Sin derecho a perdón.

“Las condenas podrán venir por el Poder Judicial”

Al contrario de lo que pregonan los líderes partidarios, la Comisión podrá llegar sí a las puniciones. Es lo que garantiza la ministra de la Secretaría Especial de Derechos Humanos, Maria del Rosário, en entrevista a la ISTOÉ.

ISTOÉ – Usted está optimista con la Comisión de la Verdad? Hay críticas al plazo de dos años y al hecho de que sólo hay siete integrantes.

Maria del Rosário – Estoy muy optimista. Ese grupo tendrá una retaguardia de apoyo inmensa. Considero que lo más importante para nosotros es que comencemos ese trabajo. El plazo podrá ser prorrogado. No podemos partir del presupuesto de que la Comisión no va a conseguir cumplir su tarea. En las discusiones, no nos preocupa el plazo o el número de integrantes. Ningún aspecto es más importante que los poderes que la Comisión tendrá. Será la primera vez que una comisión va a buscar informaciones dondequiera que ellas estén.

ISTOÉ – Pero cómo el gobierno ve las críticas a la falta de poder punitivo de la Comisión?

Maria del Rosário – No podríamos tener una comisión con poderes criminales, porque eso sería un tribunal de excepción. Con base en la experiencia de Argentina, percibimos que allá los resultados de la Comisión de la Verdad fueron llevados al Poder Judicial. Aquí, las condenas podrán venir por el Poder Judicial. Las personas que luchan por condenas penales tienen todo el derecho de buscar las puniciones en la Justicia. Siempre habrá por parte de las familias el derecho de buscar las reparaciones.

ISTOÉ – Su secretaría envió al Congreso un proyecto para cohibir la práctica de tortura en el País. Usted cree en la eficacia de ese mecanismo?

Maria del Rosário – Nuestro proyecto crea el Sistema Nacional de Combate a la Tortura, principalmente en presidios, manicomios, casas de larga permanencia para ancianos y sistemas educativos de adolescentes. Esas instituciones serán acompañadas por control externo. El sistema nacional tendrá un comité y un mecanismo de peritos independientes, que van a poder entrar en esas instituciones sin aviso previo. Es el mejor mecanismo y lo que más atiende a las normativas de las Naciones Unidas contra tortura.

Isto É – Brasil

Octávio Costa e Izabelle Torres