Represión, Argentina y Uruguay, sendas distintas

Posted by fernandomb on Domingo, octubre 30, 2011 · Comentarios

Argentina y Uruguay tuvieron dictaduras prácticamente simultáneas, que fueron concluidas con poco tiempo de diferencia (el primer país en 1983 y el segundo en 1985). Pero, mientras que el régimen militar argentino estaba desprestigiado después de la derrota en la Guerra de las Malvinas (1982), la dictadura uruguaya consiguió condicionar parte del proceso de redemocratización.

En Argentina, los militares se concedieron a sí mismos una auto-amnistía meses antes de entregar el poder. Pero, como primera medida, el presidente Raúl Alfonsín decretó la anulación del perdón. En 1985 llevó a los militares involucrados en los crímenes de la dictadura al banco de los acusados. Sin embargo, varias revueltas en los cuarteles forzaron a Alfonsín a declarar la Ley de Punto Final (que concluía la apertura de nuevos procesos) en 1986 y la de Obediencia Debida (que determinaba que los oficiales subalternos habían cometido los crímenes por órdenes superiores, eximiéndolos de culpa) en 1987.

En 1990, el presidente Carlos Menem decretó una amnistía para los jefes militares que aún estaban detenidos. Los ex-integrantes de la dictadura disfrutaron de la libertad hasta que, en 1998, los organismos de defensa de los derechos humanos encontraron brechas en la ley e iniciaron procesos contra los militares que habían secuestrado bebés (crimen que no estaba contemplado en los perdones).

A partir de 1999 surgieron diversas tentativas de anular las leyes del perdón en el Parlamento. En 2003 la Corte Suprema determinó la revocación, que fue confirmada por el Parlamento en 2005. De allá hasta la fecha centenares de casos fueron abiertos contra los ex-torturadores, la mayor parte de los cuales fueron condenados a penas en prisiones comunes.

En 1986, la presión en los cuarteles uruguayos durante la presidencia de Julio María Sanguinetti llevó a la aprobación de la Ley de Caducidad Punitiva del Estado, que determinaba la amnistía a los militares por crímenes cometidos dentro de Uruguay. Pero, en 2006, por medio de brechas en la ley de amnistía, los uruguayos consiguieron juzgar a los ex-presidentes Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez por participación en el secuestro, tortura y asesinatos de uruguayos fuera del país.

En 2010, los uruguayos participaron de un plebiscito que confirmó la decisión de mantener la Ley de Caducidad. Pero la coalición de centro-izquierda Frente Amplio insistió en el Parlamento con la revocación. Hay pocos meses, la iniciativa fue nuevamente derrumbada. Pero, esta semana, el Congreso uruguayo finalmente anuló la amnistía.

O Estado de S. Paulo – Brasil