Turistas tendrán derechos iguales a ciudadanos nativos

Países iberoamericanos hacen acuerdos para garantizar la protección sin fronteras y enfrentar el mercado globalizado

Brasileños en viajes de a países iberoamericanos y visitantes de esos países que vengan a pasear por estos lados tienen derecho a la misma protección garantizada a los consumidores nativos del país. Esa protección, independientemente de la nacionalidad del turista, es uno de los avances conquistados por el Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAGC, la sigla en español), realizado la última semana, en Buenos Aires, en .

Lo que el foro pretende es que esa protección del derecho aplicado al viajero internacional no se restrinja al turismo y permita que el consumidor tome como base la ley que le sea más favorable: sea de su país de origen o de aquel en el cual fue comprado el producto o contratado el servicio.

“En ese mundo sin fronteras, en que los proveedores son comunes a todos los países, la idea es integrar para avanzar en la protección al consumidor con el cambio de informaciones, el monitoreo de prácticas y alerta de riesgos generales para problemas locales. La Red de Consumo Seguro y Salud, de la Organización de los Estados Americanos (OEA) es un buen ejemplo de estructura que trabajamos para desarrollar”, destaca Juliana Pereira, directora del Departamento de Protección y Defensa del Consumidor (DPDC), del Ministerio de Justicia, representante brasileña en el encuentro.

El grupo prevé alertas generales para problemas locales

La declaración conjunta, firmada por los representantes de los 21 países participantes, refuerza aún la necesidad de fortalecimiento de las acciones de cooperación entre las agencias y acompañamiento del desarrollo de políticas públicas en el tema, como forma de garantizar los derechos de los consumidores iberoamericanos y combatir el doble patrón de calidad practicado por algunas empresas multinacionales. El grupo estableció como temas prioritarios los derechos de los usuarios de servicios financieros, el comercio electrónico y la calidad de bienes y servicios.

“Las desigualdades naturales y eventualmente políticas que existan entre los países deben ser superadas por la armonización de los niveles de responsabilidad de los proveedores, la calidad de los productos y servicios, el acceso al consumo para todos. Esa es la función de los estados, de exigir mayor fuerza cuando se reúnen y firman el compromiso de cooperación con diferentes países. Sólo trabajando en conjunto conseguiremos superar los obstáculos existentes en relación al tratamiento diferente y la protección de los más vulnerables y las deficiencias en la educación para el consumo de algunos”, dice Pimpi Colombo, subsecretaria de Defensa del Consumidor, del gobierno argentino.

Esos esfuerzos resultaron, por ejemplo, en el inédito acuerdo entre el DPDC y la agencia gubernamental de protección chilena para el monitoreo de la posible fusión entre la compañía aérea brasileña TAM y Lan Chile.

“Cuando se habla de fusión, son evaluados los intereses económicos, lo que es natural. En esa sociedad lo que monitoreamos es la calidad del servicio y la protección de los consumidores de los dos países. Estamos verificando costos que normalmente no aparecen, de la tranquilidad y de la seguridad del consumidor. Es un trabajo preventivo, de cambio de informaciones y de normativas”, informa Juliana, del DPDC.

Pimpi Colombo, de la agencia argentina, dice que son necesarias acciones concretas para permitir el desarrollo de los pueblos sin barreras inaceptables:

“América es un continente muy rico, pero, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos, está entre los más desiguales. Debemos esforzarnos para elevar los niveles de trabajo y producción y aumentar el acceso al consumo, juntamente con un respeto real y tangible de los derechos de cada uno y de nuestras sociedades. Las políticas de protección discutidas en el ámbito del foro siempre apuntarán a dar derechos a la población, que, por ahora, no dispone, por la necesidad de refrenar el interés de concentración del poder económico y de la escasa solidaridad de las empresas con sus consumidores”.

La participación de entidades civiles es un desafío para región

Juan Trimbolí, director para América Latina y Caribe de Consumers International (CI), que reúne a 220 entidades-miembros de 115 países, reconoce que el foro contribuye para que agencias gubernamentales más débiles se fortalezcan con el aprendizaje de buenas y malas experiencias de las demás. El dirigente de la CI, sin embargo, cree que uno de los desafíos para la región es la incorporación, por las agencias gubernamentales, de la participación de las entidades civiles en las tomas de decisiones, lo que puede incluir, por ejemplo, la participación de ellas en sus comités consultivos:

“Esta medida ya es contemplada en algunos países como México, , Chile y comienza a ser encaminada en otros, como El Salvador. Pero queremos extender, potenciar y fortalecer esta presencia de las organizaciones de consumidores”.

Los derechos de los consumidores de los países-miembros del foro pueden ser consultados en la página del DPDC (www.dpdc.org.br) o en la web del foro (www.fiagc.org). Entre los 21 participantes del foro están México, España, Cuba, Uruguay, Paraguay, Perú y Puerto Rico.

O Globo – Brasil

Autor: Luciana Casemiro

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