Chile, la revuelta de la clase media
El escenario parece muy distante de Brasil. Una clase media en ascenso no siempre puede ser vista como ancla de estabilidad política, una lectura usual en el análisis de los resultados electorales que llevaron a la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en 2006 y a la elección de Dilma Rousseff para la Presidencia el año pasado. Este año, solo hay un país de América del Sur contaminado por la ola de insatisfacción que resuena en paisajes tan dispares como Egipto y Reino Unido, España y Bahrein.
Es en Chile que ruge el espectro de la revuelta. La patria por excelencia de la clase media latinoamericana, el país donde la pobreza disminuyó de 40% a 13% de la población en 20 años de democracia en que la alternancia jamás significó ruptura de políticas, está exhausta de sus gobernantes.
La primera señal fue en 2009, cuando el derechista Sebastián Piñera concluyó la experiencia de cuatro mandatos presidenciales seguidos de la Concertación, la alianza de demócratas cristianos y socialistas que desarrolló políticas de protección social sin alterar en su esencia los postulados liberales del punto de vista económico que marcaron el régimen de Pinochet.
La Educación como puerta para el ascenso tiene límites
Piñera ya asumió con un capital político reducido. El crédito inicial que recibió poco fue más allá de sus propios electores. A fines del año pasado, luego de su mayor triunfo – el perfecto rescate de 33 mineros aprisionados por un colapso -, consiguió en encuestas de opinión 55% de aprobación popular, sólo cuatro puntos porcentuales de más de lo que obtuvo en las urnas un año antes. En el último sondeo, publicado el lunes por la prensa chilena, su aprobación quedó en 27%.
Por el momento Piñera lidia con una insatisfacción dirigida por los estudiantes universitarios y secundarios, que ya produjo la muerte de un niño de 16 años por balas de los “carabineros”, la policía militar. Pero la posibilidad de contagio a otros sectores es grande. “Sin respuestas efectivas rápidas del gobierno, esta ola va a crecer en el próximo verano. Y puede esparcirse a trabajadores, mujeres y todos los sectores organizados. Hay una amenaza de levantamiento social y el gobierno ya percibió eso”, comenta la científica política Marta Lagos, chilena, directora de la ONG Latinobarometro, especializada en encuestas de opinión comparadas en el continente.
Está en datos compilados por el propio gobierno la clave para entender el problema. La inversión de las propias familias en la educación de sus hijos es sustancial en un país donde hace muchos años el gasto público en educación es reducido. Mutilar el papel del Estado en el sector fue el último acto de Pinochet como presidente, sancionado por el dictador por decreto un día antes de dejar el cargo, en marzo de 1990. En la universidad, según Marta Lagos, una familia aplica cerca de US$ 40 mil para obtener un diploma.
Con 52% de los chilenos enmarcados en los segmentos medios de renta, una avalancha de jóvenes buscó la enseñanza como la gran herramienta de movilidad social en un país donde el sentimiento de injusticia en la distribución de renta es el más fuerte del continente. Según la encuesta de Latinobarômetro del año pasado, sólo 12% de los chilenos consideran la distribución de la riqueza adecuada. En Brasil, esa percepción es compartida por 21%. En Venezuela, por 38%.
Cuando Pinochet comenzó su poder autocrático, en los años 70, sólo 9% de los chilenos estaban en la Universidad. En 2003, eran 37%. Hoy, el porcentaje ronda 40%, según datos del Ministerio de Educación de Chile. En esta década, esa evolución convive con el endeudamiento creciente de la población emergente. Una encuesta hecha un año atrás por el Banco Central chileno mostró que la relación del total de la deuda familiar frente a la renta anual de los hogares del país pasó de 35,4% para 59,9% entre 2000 y 2009. La sensación de vulnerabilidad aumenta al tener en cuenta que 68% de la renta familiar chilena proviene de salarios.
La magia de la educación como la gran puerta para la movilidad social aparece con nitidez en la encuesta hecha por el Instituto Nacional de la Juventud, otro órgano gubernamental, en 2009. La principal razón apuntada por jóvenes entre 15 y 29 años para estar estudiando fue “mejorar la situación económica”, con 35,8% de las citaciones. “Trabajar en lo que más le gusta” fue citado por 31,7%. Pero la misma encuesta mostró que, en la franja de población entre 24 y 29 años, por lo tanto recién salida de la facultad, nada menos que 51,2% – mayoría absoluta – afirma que trabaja en una función “poco o nada relacionada” con lo que estudió.
“Está claro que la educación es una herramienta para la movilidad social, el problema es cuando ella se vuelve el único instrumental para eso. Vemos aquí legiones de personas cada vez más vulnerables, haciendo deudas para tres o cuatro generaciones en universidades privadas que no preparan para el mercado de trabajo. Ofrecen cursos como ‘criminología y prevención de riesgos’, que no se sabe bien lo que es”, comenta Marta Lagos.
El sábado, Piñera se reunió por primera vez con los líderes estudiantiles, en el Palacio de la Moneda, mientras gestionaba el rescate de los muertos en un accidente aéreo que mató a un equipo de televisión y canalizó la atención de la opinión pública del país. Hay razones para escepticismo sobre cambios concretos. Hace cinco años, un movimiento de estudiantes secundarios paró las cien mayores escuelas del país e hizo que la presidente socialista Michelle Bachelet se comprometiera con reformas en cadena nacional de radio y televisión. Los estudiantes pedían el fin de la ley pinochetista y la presidente reformó la legislación, tras dos años de debate en el Congreso. Fue una respuesta evaluada por Marta Lagos como limitada y lenta. En el caso de Piñera, se trata de un conservador obligado por las circunstancias a promover una renovación. Corre el riesgo de abrir un gigantesco foso entre sus palabras y la acción.
Valor Económico – Brasil
Autor: César Felício
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