El gobierno de Cristina Kirchner respaldará al juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni, que quedó envuelto en un escándalo por el alquiler de seis de sus 15 departamentos a diversos prostíbulos. Pero la ayuda oficial no debe ser demasiado visible para evitar costos electorales.

“La idea del Gobierno es que Zaffaroni tenía todo delegado en un administrador y que él no conocía los detalles “, aseguró a LA NACION un funcionario cercano al primer círculo presidencial.

Como en el caso de Hebe de Bonafini en la estafa por las viviendas sociales de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo, la Presidenta quiere aplicar el principio de presunción de inocencia. El Gobierno no puede exigirle la renuncia al juez, excepto que medie un juicio político en el Congreso. Sin embargo, varios ministros quisieran que Zaffaroni renuncie por sí mismo para evitar un mayor desgaste en las urnas. “Si bien jurídicamente no es punible, desde el punto de vista político es indefendible”, dijo un miembro del entorno presidencial.

La identificación de Zaffaroni con la Casa Rosada es inevitable: como jurista, diseña una reforma de la Constitución para instituir un sistema parlamentario que le permita soñar a Cristina Kirchner, de triunfar en las elecciones de octubre próximo, en otra reelección en 2015.

 Además, su nombre sonó hace dos meses como potencial candidato a vicepresidente de Cristina Kirchner.

Según pudo saber LA NACION ayer, Zaffaroni se reunió con el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, el hombre más cercano a Cristina Kirchner, a quien dio detalles de sus explicaciones. También se habría entrevistado con el ministro de Justicia, Julio Alak. Pero los voceros de Zannini y Alak no respondieron ayer a las llamadas de LA NACION.

“Zaffaroni fue a explicar su inocencia. Nadie le cree mucho acerca de que no supiera nada”, aseguraron funcionarios cercanos a la primera mandataria. El juez anticipó en la Casa Rosada lo que ayer expuso ante los medios cuando dijo que “quieren provocar mi renuncia” y atribuyó las denuncias a “un escándalo político orquestado por la prensa amarilla”.

El temor en algunos sectores del Gobierno consiste en que el caso quede asociado al manejo irregular de fondos públicos de Schoklender.