El avasallamiento sobre las instituciones, la metodología del Gobierno

Posted by Fernando on Domingo, marzo 7, 2010 · Comentarios

El avasallamiento sobre las instituciones, la metodología del Gobierno

En medio de una disputa inédita con el Poder Judicial y sin hegemonía en el Congreso, el oficialismo se sentará esta semana a discutir la reforma del Consejo de la Magistratura, una de las banderas más agitadas por la oposición. La novedad es que lo hará con una propuesta propia, avalada por la Casa Rosada, que establece cambios sensibles en ese organismo clave: prevé el voto popular de al menos dos de los miembros del cuerpo y busca limitar la influencia de “la corporación” –como dice Cristina Fernández– en la selección de jueces.

Si bien falta terminar de definir la redacción de algunos artículos, la jefa de Estado le dio el visto bueno al proyecto, según confiaron a Crítica de la Argentina fuentes oficiales. Todo comenzó hace diez días, cuando la Presidenta se reunió con un grupo de diputados que capitanean la discusión judicial dentro del bloque K. Allí estuvieron, junto con Cristina, los diputados Carlos Kunkel, Diana Conti, Luis Cigogna y Alejandro Rossi. Justamente este último, hermano del jefe de la bancada oficialista y ex secretario de Justicia de Santa Fe, es el autor de la iniciativa que será presentada por mesa de entrada en los próximos días, en nombre del Frente para la Victoria.

“Apuntamos a ‘descorporativizar’ los tribunales”, dijo a este diario una fuente K muy al tanto de la iniciativa. Con un speech conceptual similar al que empleó para defender la ley de medios, el kirchnerismo la anunciará como una propuesta para “abrir la Justicia a la sociedad civil” y “democratizar” el Consejo de la Magistratura. La jugada, que promete crispar aún más el ánimo del mundillo judicial, se da justo en un momento máxima tensión a raíz el conflicto de poderes desatado por la seguidilla de decretos de necesidad y urgencia para pagar deuda con reservas del Banco Central. La Presidenta evitó las sutilezas para calificar a los magistrados: dijo que parecían “alquilados”, que hacían fallos “delivery” y hasta habló de un “partido judicial”.

Con el nuevo proyecto, el kirchnerismo intentará modificar puntos medulares de la actual ley 24.937, sancionada en 2006 e impulsada por la entonces senadora y primera dama. Ya en ese momento, el arco opositor, asociaciones de abogados, especialistas y ONG rechazaron en forma unánime la norma que redujo de 20 a 13 la cantidad de miembros del Consejo. Ese organismo estratégico, contemplado en la reforma constitucional de 1994, es el encargado de la administración de Justicia y de la selección y remoción de magistrados.

La propuesta que promoverá el kirchnerismo mantiene la misma composición, es decir, tres jueces, seis legisladores, un delegado del Poder Ejecutivo, dos abogados y un académico. No cede al principal reclamo opositor, que considera que hay preeminencia del sector político y un consecuente poder de veto en manos del oficialismo. Aunque conserva las proporciones, el texto K sí modifica sustancialmente el modo de elección de los integrantes. Estos son los principales cambios:

+ Los representantes de los abogados serán “elegidos directamente por el pueblo”, en los comicios presidenciales. Irán colgados en la boleta, como un candidato más propuesto por cada partido. Uno deberá ser de la Capital o provincia de Buenos Aires y otro del interior.

+ Todavía no definió la Presidenta si adoptará un sistema similar para seleccionar a los representantes del Parlamento. Está en evaluación la posibilidad de que también sean elegidos por voto popular en una elección, considerando el país como distrito único. Además, serían exclusivamente “legisladores del Consejo”, sin ocupar una banca en el Congreso Nacional, como ocurre hoy. De no prosperar esta alternativa, seguirá vigente el criterio actual: tres senadores y tres diputados, ungidos dos por la mayoría y uno por la primera minoría correspondiente a cada cámara.

+ Con el argumento de “democratizar” los estamentos, la selección de jueces y académicos ampliará la base de electores. Por ejemplo, el delegado del ámbito científico –hoy votado sólo por el Consejo Interuniversitario Nacional– en el nuevo proyecto es elegido por sus pares, es decir, todos los profesores universitarios de facultades nacionales de Derecho, que hayan ingresado por concurso.

Una idea que subyace en el proyecto apunta a debilitar la tradición de la “familia judicial”. En el artículo 7, establece que uno de cada tres concursos para cubrir vacantes de magistrados debe ser exclusivo para abogados que jamás se hayan desempeñado en cargos remunerados por el Poder Judicial, tanto de la Nación, como de las provincias.

Será muy complicado para el oficialismo, con un Congreso adverso, imponer su iniciativa. En principio, buscará apoyo en fuerzas de centroizquierda. En el bloque oficialista, correrán al socialismo con el pretexto de que su jefe político, el gobernador Hermes Binner, instrumentó una reforma más parecida a la que fogoneará el Frente para la Victoria, que la que reflejan los proyectos opositores. Pasado mañana y en un clima revuelto, arranca el debate parlamentario.

LA CORPORACIÓN JUDICIAL RECLAMA UN DIÁLOGO URGENTE. En medio de la crisis de poderes desatada por las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández contra miembros del Poder Judicial, el vicepresidente de la Federación de Magistrados llamó al diálogo. “Pedimos que se convoque a un diálogo, que busquen soluciones y ayuden a la institucionalidad del país porque en definitiva el ciudadano tiene que encontrar una respuesta en las autoridades, respuestas que sean válidas para el país”, disparó.

En referencia directa al discurso de la Presidenta, Carlos Lami dijo: “En principio nos sentimos indignados por esas declaraciones que nos llenaron de estupor. Parecía inconcebible que haya dicho esas cosas, pero queremos interpretar que fue producto del ofuscamiento del momento”.

En declaraciones radiales, el juez de San Martín pidió al Poder Ejecutivo y al Legislativo que “ayuden a la institucionalidad” porque si no “el país no tendrá destino”.

“Los jueces que tenemos una mayor dosis de responsabilidad podemos hacer nuestra contribución”, remarcó. Luego concluyó su análisis sobre la división de poderes: “El (Poder) Legislativo crea la ley, el Ejecutivo la aplica y, bueno, donde hay una duda, el Poder Judicial resuelve el conflicto”.

Las declaraciones de Lami se produjeron el día después de que la Asociación de Magistrados publicara una carta abierta firmada por su presidente, Abel Fleming, en la que se señaló que lo que dijo la Presidenta “no fue un exabrupto, sino una posición doctrinaria respecto del valor de las instituciones”.