¡Por Fin! Admitió el Gobierno que el gasto obliga a usar reservas.
Crisis institucional / Las razones de la Casa Rosada
Admitió el Gobierno que el gasto obliga a usar reservas
En un informe a la Corte indicó que sin el Fondo del Bicentenario no podrá cumplir con el presupuesto
Adrián Ventura - Fuente: LA NACION
El Gobierno, con total sigilo, presentó un informe ante la Corte Suprema para responder la demanda de San Luis contra la validez del controvertido decreto que autorizó al Poder Ejecutivo a usar reservas del Banco Central para pagar deuda. Según ese documento, sin el Fondo del Bicentenario no se podría ejecutar el gasto dispuesto por el presupuesto nacional ni obtener recursos para cumplir con los acreedores.
El documento, de 59 páginas, al que tuvo acceso La Nacion, pide a la Corte que rechace la demanda y sostiene que el Gobierno quiso “optimizar el uso de las reservas que superan las necesarias para preservar la estabilidad financiera”.
“Sin la constitución del Fondo del Bicentenario existen fuertes probabilidades de que el presupuesto 2010 no se pueda ejecutar debidamente, porque no se reúnen las condiciones financieras que se requieren para llevar adelante las operaciones de financiamiento que autoriza el presupuesto, lo que implica la imposibilidad de obtener recursos para hacer frente a vencimientos de la deuda pública, en general, y de los gastos aprobados por el Congreso, en particular”, añade el informe.
El escrito lleva la firma del procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, y fue presentado el viernes 8 de enero, varios días antes de que venciera el plazo de 10 días para contestar el pedido de informes que formuló la Corte al Gobierno el último día hábil del año. Ahora, el tema quedó en condiciones de ser debatido por la Corte en el acuerdo de ministros que se realizará la primera semana de febrero.
Debido al alto voltaje político que levantó ese decreto en las últimas dos semanas, durante las cuales el oficialismo, la oposición y el titular del Banco Central, Martín Redrado, vienen discutiendo sobre la inconveniencia de echarle mano a las reservas del banco, tanto la Corte Suprema como el Gobierno intentaron despistar sobre la presentación.
Sin embargo, LA NACION pudo acceder al escrito, cuya presentación fue confirmada por una alta fuente del Poder Ejecutivo y por la propia Corte.
La demanda
Luego de conocerse el controvertido DNU 2010/09, la provincia de San Luis promovió una acción de amparo, el lunes 28, con la firma del gobernador peronista Alberto Rodríguez Saá y el patrocinio del ex ministro de la Corte Rodolfo Barra y del fiscal de Estado de la provincia, Eduardo Allende.
San Luis planteó la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 2010/09 por el cual la presidenta Cristina Kirchner -soslayando la intervención del Congreso ordenada en la Carta Orgánica del BCRA- dispuso crear el Fondo del Bicentenario y trasladar al Tesoro nacional poco más de U$S 6500 millones de las reservas del Banco Central.
Los amparos presentados por San Luis, en la Corte, y por el Pro, ante la justicia de primera instancia, fueron los dos primeros cuestionamientos en ingresar en la Justicia contra el decreto.
Luego llegaron las presentaciones que formularon la UCR y el PJ disidente, la suspensión del decreto, que dispuso la jueza María José Sarmiento y el decreto 18/10, que removió a Redrado y también fue suspendido -de lo que se informa por separado-.
Apenas recibida la demanda de San Luis, la Corte -con inusual rapidez- sorprendió al Gobierno y a todos los actores del conflicto: envió la causa a la Procuración General, a cargo de Esteban Righi, y en apenas 24 horas le pidió al Poder Ejecutivo que brindara un informe, lo que implica contestar la demanda.
La Corte no tuvo entonces, ni mucho menos ahora que el tema alcanzó una alto grado de politización, intención alguna de apurar una definición judicial inmediata sobre la constitucionalidad o la invalidez del DNU.
Pero la prontitud con la que pidió informes respondió no sólo a una cuestión procesal propia de la celeridad con la que deben tramitarse los amparos, sino también a que el alto tribunal entrevió la complejidad del debate que comenzaba a surgir, indicaron fuentes judiciales.
Ahora, que el conflicto ya está planteado con argumentos de ambas partes, la Corte puede avanzar: sin embargo, es muy probable que el tribunal dilate una definición a la espera de que sea la política, tal vez mediante el Congreso, la que encuentre la solución.
Entre los ministros prima la opinión de que son los políticos quienes deben reunir a las Cámaras y lograr que sesiones para aprobar o rechazar el DNU.
El informe
San Luis sostuvo que el decreto, en realidad, es inconstitucional porque su dictado no era necesario ni urgente, ya que el Poder Ejecutivo podría haber convocado a sesiones extraordinarias.
También sostuvo que la norma es nula, porque el Banco Central está regulado por una ley del Congreso y, cuando se sancionó la Constitución, las provincias no delegaron atribuciones en el Poder Ejecutivo para usar reservas.
En el informe, el Gobierno argumenta lo siguiente:
- Mantener inmovilizadas las reservas genera un rendimiento del 1 por ciento anual. El costo de oportunidad del Banco Central para usar esos recursos es bajo (es decir, se pierde de ganar poco dinero).
- La inflación no depende del nivel de reservas, sino de otros factores.
- La autorización que dio la ley 26.457, que habilitó la reapertura del canje de deuda, vence el 31 de diciembre y el Estado ya contrató bancos en el exterior para hacer la operación.
- El anuncio de la reapertura del canje “creó un clima” entre los posibles agentes financieras interesados en el canje que ofrece el país.
- El Fondo del Bicentenario es una herramienta de desendeudamiento y el decreto de necesidad y urgencia no afecta el sistema tributario, por lo cual no está prohibido su dictado.
En la mira del máximo tribunal
RICARDO LORENZETTI
Presidente de la corte suprema
- Presión . La Corte intimó al Gobierno a que explicara por qué constituyó el Fondo del Bicentenario a raíz de una demanda de la provincia de San Luis.
- La resolución . Recibida la respuesta, se espera que el tribunal tome una decisión sobre la validez de esa medida en la primera semana de febrero.
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